Segunda, 14 Agosto, 2017 - 09:52

Los cadáveres de los 2.200 arruís abatidos por Medio Ambiente se pudren en Sierra Espuña

Aunque la Ley de Sanidad Animal prohíbe dejar este tipo de restos en el monte, la Consejería defiende que es posible por no existir constancia de que estén enfermos.

En octubre de 2014, un pastor de Sierra Espuña fue sancionado con 3.001 euros por dejar abandonado en ese parque natural el cuerpo de una oveja muerta. La sanción se la impuso la Consejería de Medio Ambiente de Murcia, que para ese momento había dejado ya cerca de un millar de cadáveres de arruís pudriéndose en la misma zona. ¿Existe mucha diferencia entre los restos de una oveja y de un arruí? ¿Y entre el cadáver de una ‘Ovis orientalis aries’ -denominación latina- y mil ‘Ammotragus lervia’? Según la Administración regional, sí: en perjuicio de la oveja y, consecuentemente, de quien era su pastor.

La Ley de Sanidad Animal, promulgada en el 2003 con el principal cometido de prevenir la transmisión de enfermedades, prohíbe expresamente en su artículo 7 el abandono de los cadáveres de animales, sin especificar si son domésticos o silvestres (la norma rige en principio para todos). Y establece multas de 3.001 a 60.000 euros para quien incumpla ese precepto.

Por si ello no bastara, la normativa europea ‘Sandach’ establece cómo se deben gestionar exactamente los restos animales hasta su total destrucción, fijando un proceso que no se caracteriza precisamente por su sencillez. Y que, huelga decirlo, nada tiene que ver con dejar que los cadáveres se pudran en el monte y, todavía menos, en un parque natural que cada fin de semana visitan miles de personas.

El hecho objetivo es que los 2.220 cuerpos de los arruís abatidos en Sierra Espuña desde mediados de 2014, cuando se iniciaron unas labores de control de la población de esta especie que ahora -a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo- se orientan a su total exterminación, se han quedado en el mismo lugar en el que fueron abatidos, sembrando un amplio área con sus restos.

La Consejería defiende la legalidad de este proceder. «Dado que el abatimiento de estos animales está motivado por una gestión poblacional y no por temas sanitarios, dicha población está sometida desde el año 2011 al Programa de Vigilancia Sanitaria de la Fauna Silvestre», explica un portavoz oficial. «Sin presentar ninguna patología sujeta a control oficial y encontrándonos en una zona de baja prevalencia a tuberculosis u otras enfermedades relevantes, y teniendo en cuenta que la orografía del terreno da lugar a abatimientos en zonas abruptas de difícil acceso, ello implica que la gestión de cadáveres quede fuera del ámbito de aplicación de la normativa ‘Sandach’».

Lo que, traducido, quiere decir que no habiendo constancia de enfermedades entre esta población del muflón del Atlas o, siendo muy baja la incidencia de las mismas, no hace falta retirar los cadáveres, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que implicaría sacarlos de algunas zonas.

El portavoz de Medio Ambiente insiste en el argumento al sostener que «dado que el número de animales que se abate en los recechos es pequeño -distintas fuentes han confirmado a ‘La Verdad’ que se han llegado a matar más de 20 animales en una jornada-, y que los abatimientos se van a realizar en un periodo amplio de tiempo y en amplias zonas, no se considera necesaria la retirada por un gestor autorizado, pudiendo quedar depositado el cadáver en el lugar». Y sostiene que en todos los casos «se respetan unas distancias y condiciones de seguridad para evitar riesgos a la salud pública, a la sanidad animal y a la conservación de las especies».

Desde algunos ámbitos, sin embargo, se sostiene que este proceder del Gobierno regional vulnera las leyes sobre sanidad animal. Es el caso de Jaime Valladolid, abogado especializado en Derecho Cinegético y Medioambiental, quien afirma de forma contundente que «la Administración murciana sabe que está totalmente prohibido el abandono de cadáveres animales», cualesquiera que sea la circunstancia, y que de hecho viene sancionando de forma implacable a quien incurre en esa práctica.

En la práctica, el elevado número de animales abatidos en los últimos tres años (una media de 740 al año) hace intuir que resulte muy complicado que todos ellos queden «depositados en zonas seguras» y alejadas del tránsito de personas, como sería deseable.

Informa Ricardo Fernández para laverdad.es

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